Imagen: Ifac. Fuente: el autor
En fechas próximas, se cumplirán 24 años de la irrupción de un importante movimiento promovido por la acción popular de Calp en salvaguarda de su más valioso bien natural y sentimental: Ifac. Estas iniciativas fueron tomadas en su día en aras de la defensa y protección definitiva de la ladera norte del Penyal, y resultaron determinantes para preservar su patrimonio secular y entorno medioambiental. Gracias a este movimiento ciudadano, el parque natural presenta en la actualidad su delimitación íntegra y la Pobla Medieval d’ Ifac, que podría haber quedado enterrada bajo hierro y hormigón, se constituye en un yacimiento arqueológico único en la Comunidad Valenciana. Quienes tuvimos la ocasión de vivir aquellos días con intensidad, conservamos frescas unas experiencias que nos permiten entender hoy a fondo todas las circunstancias que rodean al urbanismo desaforado de Calp.
UN PGOU EN ENTREDICHO
En diciembre de 1993, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había dictado dos sentencias que dejaban sin efecto la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana; para este trámite se había subrogado la COPUT en las competencias municipales. El fallo de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ había resuelto los recursos a favor de dos impugnaciones. Estos recursos habían salido adelante por no someterse el Plan al reglamentario período de exposición pública tras su aprobación inicial, a pesar de haber sido objeto de modificaciones sustanciales. El entonces máximo responsable técnico de Urbanismo de la Comunidad Valenciana era Gerard Roger.[1]
Con este fallo quedaba de nuevo en entredicho el PGOU de Calp, justo cuando estaba a punto de desbloquearse el Suelo Urbanizable Programado que llevaba paralizado desde la aprobación del Plan. Esta paralización se debió a la fraudulenta recalificación del Saladar en el proceso de subrogación por parte de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, organismo presidido por el entonces socialista y luego popular en prisión, Rafael Blasco. A partir de esta nueva situación, el plan se revertía a la fase anterior de su aprobación definitiva, lo que conllevaba la suspensión de licencias de obras mientras se sometía a un nuevo período de exposición pública y de alegaciones.
UN PROYECTO URBANÍSTICO DE FUERTE IMPACTO
En aquellas fechas, la junta directiva local del PP —posteriormente dinamitada por estas actuaciones, contrarias a los dictados del partido desde Alicante y València— alertaba sobre el macroproyecto que pretendía desarrollarse en la ladera norte de Ifac, y que se componía de una urbanización de lujo con un hotel de cinco estrellas y 285 viviendas de alto standing. El viejo proyecto de Mas Capó reverdecía ahora y con creces en las poderosas manos de los hermanos Ballester Ríos, dos de los constructores más importantes de la Comunidad Valenciana.
El último día para la presentación de alegaciones del nuevo período de exposición pública, 16 de mayo de 1994, los concejales Joaquín Picó y José Antonio Sala daban registro de entrada en el ayuntamiento a 1.050 escritos que solicitaban la recalificación de la ladera de Ifac como suelo no urbanizable de especial protección; el terreno se hallaba clasificado como edificable desde 1972. Cinco grupos ecologistas se sumaron a esta iniciativa: Jovens per l’Ecologia de Benidorm; el grupo Xoriguer de Villajoyosa; el Centro Excursionista de Benidorm; el Grup Ecologista Bernia de Altea y la Asociación Ecologista Amigos de la Llosa de Benidorm.
Con la intención de contrarrestar esta campaña, la promotora Edificaciones Calpe lanzó a la calle un portafolio con publicidad del proyecto, en un intento de acercarlo positivamente a la opinión pública calpina. La urbanización de lujo se denominaba Pueblo Ifach y su capacidad se estimaba en 1.200 residentes. De los 50.400 metros cuadrados de edificación que se computaban según las ordenanzas en vigor, Edificaciones Calpe presentaba una reducción considerable al anunciar que sólo edificaría 36.000 metros cuadrados. Su principal objetivo publicitario ante la opinión pública era garantizar que «no iba a modificarse la vista tradicional del Peñón». Los datos del proyecto, el más importante de cuantos aguardaban al desbloqueo de la construcción en Calp, hablaban de una inversión próxima a los 5.500 millones de pesetas, de los que 3.500 iban a invertirse en la construcción de la urbanización durante los cinco años en que se estimaba la duración de la obra, y otros 500 en la construcción de un hotel de lujo de sesenta habitaciones.
Al mismo tiempo se constituía en la población una entidad de hecho –que no de derecho– autodenominada «Plataforma para la defensa de los intereses económicos y turísticos de Calpe», compuesta por un conjunto de empresarios inmobiliarios locales. Esta agrupación editó a su vez un díptico en el que respaldaba abiertamente el proyecto, destacando sus pretendidos beneficios económicos. Esta publicación hacía especial hincapié con fotografías y gráficos en el supuestamente nulo impacto visual que iba a producir la urbanización sobre la perspectiva paisajística del peñón.
Ese mismo día, el concejal de Turismo, Jaime Crespo, adscrito al grupo mixto, calificaba el proyecto de «fantástico […] no estoy en contra de las zonas verdes pero tenemos que mirar también el bienestar y futuro de nuestros hijos. Este proyecto dará puestos de trabajo y repercutirá positivamente sobre la economía local. Creemos que el impacto medioambiental no es tan grave como quieren hacer ver». La tensión política se trasladaba a la calle, donde piquetes de grupos políticos y plataformas en cuestión pugnaban por la adhesión y recogida de firmas.
Unas declaraciones del conseller de Medio Ambiente, Emerit Bono, indicaban que estos terrenos en cuestión deberían formar parte integrante del parque natural. Bono desvelaba que su Consellería se encontraba realizando gestiones en varios frentes con el objetivo de impedir por la vía de la negociación la urbanización de buena parte del paraje objeto de la polémica. Una de las actuaciones de la Consellería se dirigiría a sondear en ámbitos de la Unión Europea la posibilidad de una aportación de fondos destinados a la compra de los terrenos. La exorbitante cifra de 3.000 millones de pesetas comenzaba a barajarse como la suma necesaria para poder adquirir el solar, cantidad que dejaría compensados los derechos edificatorios consolidados.
MOVILIZACIÓN POPULAR
El miércoles 27 de mayo se constituía en Calp la «Coordinadora Pro Defensa del Peñón de Ifach» con el objeto de promover la defensa del paraje natural. La respuesta social calpina fue masiva. En un primer escrito de sus responsables se manifestaban claramente las intenciones: «Cuando todo el mundo creía que el parque natural era el macizo entero del Peñón, resulta que su ladera norte no lo es, y que es terreno colindante y sujeto por lo tanto a la especulación y a la barbarie. Pronto veremos casi trescientas viviendas de lujo en su falda y un hotel de cinco estrellas como complemento. Las únicas estrellas que quieren las buenas gentes de Calpe son las del cielo, iluminando esta maravilla de la naturaleza, única en su belleza y majestuosidad. No quieren que, como dijo el poeta, fachadas de cal pongan blanca y cuadrada la noche».
La máxima expresión popular se produjo a instancias de una trobada organizada por la Coordinadora Pro Defensa y celebrada en el muelle del puerto pesquero de Calp, el sábado 11 de junio de 1994. Un millar de personas participaron activamente en una fiesta que contó con la colaboración del periodista Emili Piera, quien dio lectura en valenciano a un manifiesto de ocho puntos que resumía las reivindicaciones de la coordinadora. Varios dirigentes de Izquierda Unida, entre ellos Julio Anguita, habían apoyado el acto con su firma.
La cita, plenamente festiva, contó también con la presencia de los cantautores valencianos Vicent Savall, Paco Muñoz y Lluís Miquel, miembros de grupos ecologistas de la Marina Alta y un nutrido grupo de vecinos y residentes extranjeros de Calp, muchos de ellos ataviados con camisetas con el lema «Evitem la construcció destructiva! Jo t’ estimo, Ifac!» En el transcurso del acto público, se dio lectura —en las dos lenguas oficiales de la comunidad y en varias europeas— al manifiesto que entendía el Penyal como el conjunto formado por la roca, la falda, el istmo y el litoral, y no sólo la parte que conformaba el parque natural. El texto reivindicativo pedía a las autoridades competentes que «hagan todo lo necesario para conseguir que todo el conjunto vaya integrándose dentro del parque natural». Al mismo tiempo, esta coordinadora solicitaba que se procediese a generar los recursos indemnizatorios necesarios para compensar a los propietarios y en aras de no lesionar sus legítimos derechos.
La lucha por ganar la batalla de la opinión pública seguía abierta en la población. Uno de los reproches más contundentes lanzados contra la plataforma pro edificación se centraba en las distorsionadas consecuencias económicas que tendría para Calp el rechazo del proyecto. A juicio de los que defendían la no construcción de la urbanización: «están engañando a la opinión pública con un sucio juego; falseando las informaciones de impacto ambiental y creando falsas expectativas de riqueza que la urbanización en cuestión daría a Calpe». La coordinadora ecologista criticaba duramente «la postura de terror, dictatorial, del más puro estilo inquisidor, del grupo que obliga a aquellos ciudadanos que presentaron alegaciones contra el PGOU solicitando la recalificación de la ladera a retractarse».
Al mismo tiempo, responsables de este grupo reclamaban de la Generalitat Valenciana «un estudio de impacto ambiental y un estudio biológico de toda la ladera norte, y una prospección arqueológica de la zona, ya que hay constancia de la posibilidad de que sea enterrada la necrópolis del antiguo poblado ibérico de Ifach. […] nadie que se sienta realmente calpino puede estar a favor de la construcción del Peñón de Ifach porque supone hipotecar el futuro y agotar esa gallina de los huevos de oro que ha sido siempre Ifach».
En la noche del 23 de septiembre, la discusión política de la calle se trasladaba definitivamente a la Casa Consistorial, al debate del pleno. La corporación calpina aprobaba, con los nueve votos favorables de la oposición y la abstención del grupo de gobierno, la propuesta de recalificación íntegra, como no urbanizable, de la ladera norte del Penyal, unos 30.000 metros cuadrados de superficie, para su futura anexión al parque natural. Un último informe municipal tasaba el valor de los terrenos en 1.800 millones de pesetas. Por entonces el número de firmas recogidas contra el proyecto de urbanización excedía las 22.000.
SOLUCIÓN POLÍTICA
El jueves 29 de septiembre, en los pasillos de las Cortes Valencianas, el Presidente de la Generalitat, Joan Lerma, anunciaba que el Consell impediría cualquier construcción en Ifac. La recalificación de la ladera suponía una modificación importante del PGOU. Este hecho abocaba a un nuevo período de exposición pública del documento antes de su aprobación definitiva. Posteriormente, la ladera sería integrada en el parque natural creado en enero de 1987, cuando la Generalitat Valenciana, según alcaldía, había adquirido por 200 millones de pesetas los 45.000 metros cuadrados de superficie que hasta ahora habían configurado el paraje. La alcaldesa, Violeta Rivera, terminaba por precisar que los 30.000 metros cuadrados de la ladera habían sido finalmente valorados en 1.600 millones de pesetas a los efectos de su adquisición, de los cuales una parte serían de aportación municipal.
«La coordinadora va a seguir alerta y expectante. Vamos a seguir en la brecha porque aunque hemos conseguido nuestra primera finalidad, tenemos que asegurar que llegue a buen fin el acuerdo tomado por la Comisión Territorial de Urbanismo», manifestaba Guillermo Sendra, portavoz de Defensa de Ifac. Si bien la coordinadora dudaba de que la empresa propietaria de los terrenos pudiese interponer un recurso contencioso contra el acuerdo, tampoco descartaba esa eventualidad. Pere Tur i Sala, otro destacado miembro de la plataforma, recalcaba públicamente que el éxito final de esta dura controversia «debería servir como punto de reflexión y análisis de nuestra clase política».
CINISMO COLECTIVO
Ya en 1999, el día 7 de enero, un acto multitudinario puso punto final de solemnidad a estos acontecimientos. Según narra Pedro Pastor,[2] una carpa de grandes dimensiones instalada en la Plaza de Colón de Calp fue escenario de la firma de los convenios entre los propietarios de los terrenos y la Generalitat Valenciana. El coste de adquisición del suelo afectado ascendió a 1.913 millones de pesetas. A la ladera norte del Penyal se sumaban otros 17.000 m2 destinados a viales y otras dotaciones de la tercera unidad del PP2.
Al acto de compra acudió una amplia representación institucional del Partido Popular: junto al alcalde de Calp, Javier Morató, y el resto de la corporación asistieron Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalitat, José Ramón García Antón y José Luis Olivas, consellers de Obras Públicas y Economía respectivamente; Roc Gregori, presidente de la Agencia Valenciana de Turismo; Julio de España, presidente de la Diputación de Alicante y Matías Pérez Such, diputado provincial responsable de Turismo. En representación de Edificaciones Calpe acudió su propietario promotor, Andrés Ballester.
Las celebraciones que acompañaron a esta puesta en escena contaron con la asistencia de estas personalidades, a cuya delegación se sumó el respaldo y fervor popular de los que en su día fueron máximos valedores y seguidistas de tropa del proyecto Pueblo Ifach.
Para saber más, pincha aquí: El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ha ordenado a la Generalitat Valenciana que derribe las dos torres de 21 alturas construidas en la zona litoral de Benidorm conocida como Punta Llisera, y que en su día construyó la empresa Edificaciones Calpe
[1] En julio de 2016, el ayuntamiento de Calp contrató al urbanista, Gerard Roger, ex director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Generalitat entre 1990 y 1995, y uno de los promotores de la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), para dar solución técnica a los derechos edificatorios de los terrenos donde su ubica el yacimiento de los Baños de la Reina.
[2] Pedro Pastor, Crónicas Calpinas (2010). Pág 133-134. Ajuntament de Calp.
Jo era molt jove en aquella època i desconeixia completament eixa polèmica,que per sort va salvar el penyal d’ifac,menys mal que tot i la gran quantitat de formigó a Calp almenys eixa part la vau salvar.
Gràcies per contar-nos tant bé un tros més d’història
Aún lo recuerdo perfectamente. Yo vivía por aquellos años en Puerto de Santa María donde logré más de 500 firmas contra esta urbanización.