En ocasiones, la investigación de archivo depara sus sorpresas. Esta faena ardua suele ofrecer pocas novedades. Cuando éstas aparecen, el rastreador se queda satisfecho, más que por el tamaño de la pieza cobrada, por el pago simbólico a sus labores silenciosas. En el caso que nos ocupa, un documento suelto, localizado de forma fortuita, facilita una información muy interesante que complementa la que ya obtuvimos en su día de otras fuentes. Se trata de un escrito firmado en 1866 por el alcalde de Calp, Roque Avargues, dirigido al Gobernador Civil de la provincia. En este oficio, Avargues reclamaba la propiedad de los montes Ifac, Oltá y Toix para el pueblo de Calp, toda vez que estos parajes habían caído en manos privadas. La misma historia, tantas veces repetida posteriormente hasta nuestro tiempo, se reproducía también hace más de siglo y medio. Dos de los principales contribuyentes de Calp se habían hecho dueños de extensas propiedades de suelo local ante un vecindario indignado. «Dedos» en el ámbito de la jefatura provincial han existido siempre: existieron, existen y existirán.
Los montes de Calp habían pertenecido desde tiempo inmemorial al común de los vecinos; este derecho garantizaba a todos el uso y disfrute de los mismos en franquicia. Este aprovechamiento colectivo, libre y gratuito, permitía a los locales apacentar ganados y cortar leñas sin tener que abonar cantidad alguna. Los ganaderos forasteros, en cambio, se veían obligados a hacer entregas dinerarias a la junta municipal por número de cabezas y días de estancia si sus ganados se adentraban en estos parajes comunales.
La Ley de Desamortización de 1 de mayo de 1855, en su primer artículo, establecía la declaración en estado de venta de «todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al Estado, al Clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios; al secuestro del ex infante don Carlos, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la Inquisición Pública, y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores».
Las condiciones impuestas por esta ley diferían de las establecidas por Mendizábal. El articulado preveía su venta en pública subasta mediante quince pagos anuales en catorce años. A través de esta normativa se fraguó la gran operación desamortizadora que, suspendida en septiembre de 1856 y reinstaurada en octubre de 1858, perduró hasta finales del s. XIX.
El 1 de octubre de 1860 la Junta Superior de Bienes Nacionales celebró la subasta pública de los montes Toix y Oltá. La tasación realizada sobre Toix (797 hanegadas) por el Cuerpo de Ingenieros ascendía a la cantidad de 3.124 reales, con un valor de capitalización de 1.687 reales y cincuenta céntimos: la finca fue adjudicada a don José Zaragoza Thous por 11.675 reales a pagar en diez plazos. Oltá (264 hanegadas) fue tasada en 8.270 reales, con un valor de capitalización de 3.375 reales. La finca fue adjudicada, de nuevo, a don José Zaragoza Thous por 13.300 reales a pagar en diez plazos. La cesión del remate, en ambos casos, se realizó a favor de su tío, don José Zaragoza Benimeli, por el mismo montante.
José Zaragoza, importante propietario local, abogado, ejercía por entonces el cargo influyente de diputado provincial adscrito a ideas conservadoras, de igual talante político que Bartolomé Crespo Ferrer, secretario municipal, quien adquirió el Penyal un año después en condiciones parecidas. La única referencia histórica al respecto —por lo visto errónea— la ofrece el Padre Llopis en su libro Calpe al afirmar que la roca fue adquirida en 1862 por un particular de Altea por la suma de 6.000 de reales. Las fuentes del sacerdote debieron de ser orales y por lo tanto de una fiabilidad incierta. Ifac, como confirma el documento que aportamos, fue adquirida por Bartolomé Pedro Crespo Ferrer en 1861.
Los montes comunales de Calp no eran propiedad estatal, sino de todos los vecinos de la villa. De esta forma subrepticia su liquidación en venta pasó a engrosar los fondos del Estado en detrimento de los derechos de todos los calpinos. La carta de alcaldía, muy probablemente firmada en nombre de una corporación de signo progresista, no tuvo consecuencias jurídicas, y tanto Zaragoza como Crespo disfrutaron de su posesión y transmitieron estas propiedades algunas décadas después a nuevos compradores. Reproducimos a continuación el texto e imágenes del escrito enviado al entonces máximo representante de Diputación.
«M.I.S.
El Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Calpe a V.I.S. atentamente expone:
Que en el año mil ochocientos sesenta fueron vendidos en pública subasta los montes de este término denominados Toix y Oltá y fueron adjudicados a D. José Zaragoza y Benimeli como su mejor postor; y en el año mil ochocientos sesenta y uno fue vendido otro monte llamado Ifac, que fue adjudicado a D. Bartolomé Crespo Ferrer. Estas ventas se hicieron sin duda en la creencia de que las fincas pertenecían a propios o al Estado, y como ha sido siempre de aprovechamiento común, el municipio faltaría a su deber si no elevase su voz a V.I.S. para que se anularan dichas ventas.
No existe ni puede existir ningún documento que los montes expresados hayan pertenecido a los propios del pueblo o al Estado, pues jamás se han arrendado ni se han considerado de esa procedencia. Lo que sí puede justificarse sin dejar la menor sombra de duda, de que desde inmemorial han sido siempre de aprovechamiento común y como tales han sido disfrutados por los vecinos sin ninguna contradicción. Estando exceptuadas de venta las fincas de esta clase según dispone la ley vigente de desamortización, la municipalidad en virtud de acuerdo celebrado por la misma en la sesión del día siete del corriente mes tiene el honor de dirigirse a V.I.S. para que en vista de cuanto se expone, se declaren nulas las ventas de los montes expresados y no se ponga obstáculo a estos vecinos al indisputable derecho que les asiste para el disfrute de los montes mencionados con arreglo a las leyes.
Así lo espera este Ayuntamiento de la rectitud y celo de V.I.S.
Calpe, 8 de Octubre de 1866
El Alcalde, Roque Avargues
El Síndico, Antonio Boronad».
¿Por qué no se respeta hoy en día el nombre histórico de CALPE?
Alfredo: Calpe es la castellanización de “Calp” desde inicios del s.XVIII