OPINIÓN
—Mañana, mejor, no vengas a entrenar.
—Pero, ¿por qué?
—Porque te vas a cansar mucho. Entrenar por la tarde y luego por la noche es demasiado…
—Pero es lo que hago siempre.
—No, no. Mañana no te acerques por el campo.
—Pero…
—Hazme caso.
«Alguien», perfectamente identificado, alertó a este joven paraguayo para que no acudiese al entrenamiento del Calpe C.F. la noche del viernes 19 de enero. Esta advertencia surtió efectos y evitó de esta forma que el futbolista fuera detenido junto al resto de sus compatriotas y compañeros de equipo.
El escándalo que ha rodeado al Calpe C.F., y que ha llegado a alcanzar ecos internacionales, no ha sentado nada bien entre la gente del deporte; y mucho menos entre las personas que, amantes de la razón, hayan podido comprobar la falsedad y la desproporción que ha envuelto a todo este asunto llevado hasta el delito.
El concepto de «organización criminal» ha sido admirablemente acotado por el juez De la Mata, titular que investiga la caja B del Partido Popular. En un auto definitivo, el magistrado consideraba acreditada la existencia de los delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. Una organización criminal, por lo tanto, consiste en un grupo de personas que buscando alcanzar sus objetivos —que pueden ser de riqueza o poder— realizan acciones que van en contra de la legislación vigente. Tras este esquema de ilegalidades, entendía el magistrado que los fines de la banda eran eminentemente lucrativos, o consistentes en buscar la forma de ocupar las instituciones, parasitarlas y eternizarse en ellas.
Caso similar parece el de la supuesta financiación irregular del PP valenciano, juicio que se substancia en estos días, y en el que se encuentran acusados por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública, destacados miembros de la formación política en la campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. En la vista, el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, aportó detalles de la financiación oculta del PP y situó en el centro del entramado a Francisco Camps, a Juan Cotino y a los ex vicepresidentes, Víctor Campos y Vicente Rambla. En aquel tiempo, el alcalde de Calp, César Sánchez, ejercía de asesor del presidente Camps, por lo que se le supone al cabo de la calle de todos estos manejos, regalos incluidos.
Llegados a este punto y aclarados los conceptos, parece muy descabellado imputar a los responsables del Calpe C.F. el delito de organización criminal al no existir en sus acciones el afán de lucro o el ánimo de delinquir en pro de algún beneficio personal tangible. Un club de fútbol de categoría regional vive de esfuerzos e ilusiones. De la ilusión que alberguen jóvenes deportistas, españoles o extranjeros, por ascender de categoría amateur y jugar en mejores equipos. Éste fue el caso de los jóvenes sudamericanos, profesionales en sus países de origen, que llegaron a Calp conscientes y orientados para seguir los pasos e intentar repetir la carrera profesional de un Valdez o de un Benítez. En Calp han vivido bien, alojados cómodamente, y con el deseo de regularizar su situación y permanecer en España tras un club de gran proyección.
Esfuerzos e ilusiones. La actual directiva del Calpe, C.F. —tal como sucedió con las anteriores juntas— ha pretendido, con pocos medios y mejor o peor criterio, sacar adelante el equipo e intentar auparlo a la Tercera División. A su presidente, el enfrentamiento con los mandamases locales le ha costado una traumática experiencia personal. Lógico parece que en restitución de su propia fama, y en defensa de su buen nombre, lo último que haga ahora sea esconder el ala y entregar el cargo.
—¿Pero este tío no va a dimitir?
—Me parece a mí que no.
—¿Y qué va a pasar entonces con las escuelas de fútbol?
—Pues, te guste o no, eso va a depender de él.