La eclosión del turismo de masas en el crepúsculo de la década de los cincuenta del pasado siglo vino a reforzar el régimen de la época. Si en el campo político supuso un argumento útil para la propaganda y la siembra de un sentimiento nacional de paz y prosperidad, en el ámbito económico la entrada de divisas sirvió para promover la generación de recursos destinados a la industrialización de determinadas zonas del país.
Desde febrero de 1957, se inició en España un proceso de ruptura con el modelo autárquico de las primeras fases del franquismo, pues las presiones políticas y sociales hacían imposible la persistencia de un sistema y orden obsoleto. El Plan de Estabilización de 1959 comportó importantes cambios que fomentaron la inversión de capital extranjero y las importaciones. Las consecuencias de la nueva situación fueron decisivas al provocar un crecimiento acelerado que actuó como dinamizador de la sociedad española y en las actitudes políticas que a la postre condujeron al fin del propio régimen.
Como hemos señalado, esta mutación radical transforma las actividades tradicionales: la agricultura, la pesca, la explotación salinera y el artesanado local, sectores que se instalan en nuevos conceptos económicos y pautas de consumo. Si en esos momentos la agricultura se encontraba inmersa en un proceso de renovación tecnológica, la verdadera transformación vendría provocada por la nueva orientación económica territorial dirigida a la prestación de servicios y tiempo libre, factor decisivo de la configuración paisajística del litoral.
Las explotaciones agrícolas calpinas fueron históricamente muy pequeñas, con sus graves consecuencias derivadas: una ganadería y una agricultura domésticas, un niveles de vida y cultura bajo en la población, y un municipio de dimensiones mínimas, carente de los servicios esenciales. La aspiración municipal se había ceñido a dos objetivos: abrir carreteras e instalar el servicio telefónico, reflejo de su afán por ganarse al mundo exterior. Las preocupaciones locales se fusionaban al interés colectivo, puesto que los asuntos siempre concernían a los hombres del mar y del campo, por lo que en multitud de ocasiones los temas consistoriales eran una prolongación de los particulares. Como municipio rural, ajeno todavía al crecimiento urbano como el resto de pueblos de la comarca, se encontraba configurado como una comunidad envuelta en la cultura parroquiana, con poca conciencia de lo público, conservadora, con importantes índices de analfabetismo y marginalidad. No eran tiempos para entrar en valoraciones sobre la supervivencia del equilibrio ecológico, organización de infraestructuras de poco impacto sobre el medio, y atención especial al principal recurso: el agua potable.
Como decíamos, las aspiraciones municipales no eran conscientes de la necesidad planificadora ni contaban con los medios técnicos y materiales que posibilitaran la redacción de planes generales de ordenación. La ley del suelo de 1956 era de difícil acceso y comprensión incluso para los propios técnicos que la denostaban por su extrema lentitud de aplicación. La penuria consistorial y la de los mismos habitantes estimularon la expansión de un fenómeno edificatorio que solucionaba los problemas: creaba puestos de trabajo, incrementaba las arcas municipales, movilizaba el mercado de capitales, creaba nuevos comercios, etc. Nadie parecía percatarse de que en nuestro término municipal, uno de los más pequeños de la provincia, se precipitaba el futuro de un crecimiento insostenible al que no se le encontraba ni costes ni perjuicios.
La realidad es que este proceso benefactor se llevó a cabo sin la inversión económica y participación financiera de la administración central, demasiado ocupada ésta en pertrecharse de divisas para cuadrar las deficitarias cuentas de nuestra balanza de pagos. La naturaleza lo puso todo: clima, valores medioambientales y paisaje; y nuestra humilde realidad el resto: tipismo, carácter abierto y singular, precios atractivos e improvisación.
Con todo, el escenario se acentuó cuando la legislación fiscal alemana para el cuatrienio 1968-71 favoreció a sus pequeños inversores en este tipo de operaciones extranjeras por considerarlas como ayudas al tercer mundo. En 1975, de las 140 urbanizaciones registradas en la provincia, 52 se encontraban en nuestro término.
Si del boom turístico residencial en España, la Costa del Sol y la Costa Blanca habían sido las verdaderas pioneras, el caso de Calp, inmerso en el fenómeno, guste o disguste, no ofrece parangón y es absolutamente paradigmático en la experiencia española en general, pues bate todo los records previsibles de colonialismo por ocupación de un espacio territorial en apenas dos lustros.
Como vemos, nuestras últimas generaciones han sido testigo de una mutación radical en el devenir físico y sociocultural de este pequeño territorio. Las siguientes afirmaciones no son nuestras:
“Todo nuevo asentamiento humano lleva consigo la producción de un espacio, y el peligro de la destrucción de éste. En nuestro caso nos encontramos ante un espacio del consumo y un consumo del espacio. Ante un paisaje crecientemente degradado por urbanizaciones, autopistas, carteles de carretera, y en el fondo un paisaje que describe un territorio ya hiperpoblado. Hiperurbanización es la palabra que conviene para describir la destrucción de nuestro litoral.
La supervivencia del turismo va unida a la supervivencia del equilibrio ecológico y de la creación de unas infraestructuras basadas en el bajo consumo de energía y en una tecnología blanda de poco impacto sobre el medio. El esfuerzo central y la atención primordial deberá centrarse en la conservación, gestión y administración rigurosa del principal recurso en nuestra costa: el agua potable, ante la destrucción paulatina del otro importante recurso: el espacio natural.”
Conclusiones perfectamente actualizadas del profesor sociólogo Mario Gaviria Labarta, destacado estudioso del fenómeno turístico residencial de la Costa Blanca; lo grave es que no han sido emitidas en la actualidad, sino en el año de gracia de 1975.
Ha quedado apuntado que el primario desarrollo urbanístico de nuestra población se articulaba a partir de la Ley del Suelo de 1956 y de unas normas subsidiarias aplicables a nivel provincial. El fenómeno irrumpe en un momento histórico en el que Calp cuenta con un censo de poco más de dos mil habitantes y un presupuesto municipal de medio millón de pesetas. El ritmo frenético de la construcción y la falta de un documento integrador del planeamiento en una nueva dimensión paisajística respetuosa con el medioambiente provocan los primeros problemas de congestión, déficit de infraestructuras y destrucción del medio natural.
Ante esta situación se redactan el Plan Comarcal de la Costa Blanca y el Plan General de Ordenación Urbana de 1973. La filosofía desarrollista de este último se ampara en un principio fundamental: el escaso valor agrícola del territorio debe dar paso a su integral destino edificatorio por ser objeto de interés turístico, por lo que grandes extensiones del término reciben la calificación de Suelo Rústico de Interés Turístico, con una parcela para edificar de 2.000 m2 sin planeamiento previo, y de 800 m2 tras la aprobación del pertinente plan parcial.
El PGOU diseña un trazado de la autopista A7 que, discurriendo por las falda Sur-Este del Monte Oltá, desemboca en un peaje localizado en el sector Benicolada-Septa. Afortunadamente, tal aberración urbanística no se llega a ejecutar.
Lo cierto es que previo a la aprobación de este Plan General sólo existían dos planes parciales aprobados; el resto, hasta veinte, eran parcelaciones rústicas a legalizar. Esta situación queda empeorada por el propio PGOU, que permitía las edificaciones, sin desarrollo de plan parcial, en sectores que no excedieran las cinco hectáreas, superficie no tan fácil de agrupar dado el pequeño tamaño de los predios rústicos calpinos.
UNA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA
La aridez de nuestro suelo y la alta insolación del clima supusieron unos condicionamientos físicos insalvables para el desarrollo y prosperidad de nuestra agricultura. Ésta se centraba en los cultivos tradicionales de secano (vid, trigo, algarrobo y almendro) y se configuraba en un sistema de aprovechamientos sometido a la aleatoriedad de las lluvias del año.
La propia estructura de la propiedad de la tierra, marcada por la existencia de extensas haciendas en manos de absentistas, no favoreció la adecuación, transformación y mejora de las explotaciones.
El Censo Agrario de 1962, primer instrumento fidedigno para conocer la realidad agropecuaria de nuestro país, nos desvela que los 47 principales labradores de tierras calpinas con fincas superiores a 50.000 m2, -trabajadores de las fincas, no necesariamente propietarios, únicos vecinos que podían mantenerse de los recursos agrícolas con un cierto desahogo como productores fijos o autónomos- ocupan un total de 6.434.000 m2, de los cuales se encuentran en explotación agrícola 3.699.000, esto es, un 57% de la cabida total.
La estructura minifundista de la propiedad territorial en este pequeño municipio de 23 km2 reduce las expectativas económicas de los labradores a la mera subsistencia doméstica. Por otro lado, la concentración patrimonial histórica de las principales fincas bajo la titularidad de unas pocas familias foráneas convirtió en aparceros o arrendatarios a un número contado de campesinos que ostentaban tal derecho por legado familiar. Los humildes propietarios de minúsculas explotaciones optan por labrar tierras ajenas para poder ver incrementados sus ingresos.
El emergente proceso de mecanización de la agricultura queda frenado por la escasa rentabilidad de los cultivos. En 1960, la estadística agrícola facilitada por el Ministerio de Agricultura cifra en 115 los arados romanos existentes en nuestro pueblo, 7 de vertedera, y 1 solo tractor, de menos de 25 CV. Los pequeños propietarios conservan sus útiles y rutinas de faena, mientras los importantes terratenientes, desalentados por la baja productividad de las explotaciones, se encuentran en disposición de vender sus tierras.
También en este mismo año, una comisión especial presidida por don Simón Simó Simó, bajo los auspicios de la Hermandad de Labradores Local, aprueba el Convenio Colectivo Sindical de los trabajadores del Campo y sus modestos estipendios.
El sueldo por jornada para un obrero fijo se cifra en 40 pesetas, 50 si es eventual. Los emolumentos son mejorados ligeramente en función de la dificultad o especialización de los trabajos: poda, a 60, injerto, a 70, hasta las 130 pesetas jornada por el acarreo de uva en carro. Estos salarios son reducidos en un 40% en el caso de que sean realizados por mujeres.
Un informe elaborado por la junta de la Hermandad, en este año refleja fielmente la realidad que intentamos documentar. En sus aspectos fundamentales señala:
1.- Los trabajadores del campo de Calp que laboran por cuenta propia son 74, de los cuales, 47, cuentan con tierra suficiente para dedicarse a su cultivo todas las jornadas del año.
2.- El número de trabajadores agrícolas por cuenta ajena asciende a 146, de los cuales, 12, son fijos y el resto eventuales.
3.- No existe paro forzoso en los meses de febrero, marzo y abril; aunque se advierte paro los días después de las lluvias o temporales, y también los comprendidos entre los últimos días de junio y primeros de agosto.
4.- Se estima, como solución a la falta de trabajo en estos períodos, la obtención de subvenciones de organismos y del Paro Provincial, para proceder al arreglo de caminos y abrir nuevos en el medio rural, alumbramiento de aguas y repoblación forestal.
5.- Existe en la localidad un ambiente favorable a la emigración, mas es común el cambio de profesión de trabajador agrícola por trabajador del mar, con carácter nacional. Esta situación afecta a obreros agrícolas y pequeños propietarios.
6.- Una de las principales causas para abandonar las tierras y embarcar, se encuentra en que los trabajadores de la tierra no disfrutan de los mismos seguros sociales que los de la mar.
El análisis del censo de trabajadores agrícolas de 1957 evidencia un aspecto crucial que fue también determinante en este proceso: la avanzada edad de los campesinos.
De los 136 trabajadores temporales del campo, 83 eran varones y 53, mujeres. La media anual de días trabajados para los braceros era de unos 270; 125 para las obreras.
Nada menos que un 45% de estos trabajadores eventuales superaba la edad de 55 años; de hecho, 36 empleados del total de 136 sobrepasaban los 60 años de edad. Los braceros menores de 30 años eran 11. El 40 % de los obreros fijos, autónomos o eventuales, no eran nativos de Calp, y procedían principalmente de las poblaciones de Benissa y Teulada.
Ante este panorama, la repentina aparición de compradores de suelo despierta la fiebre vendedora entre los propietarios de los terrenos agrícolas más pobres, casualmente, los más cercanos al mar.
El sociólogo Jurdao Arrones ha analizado admirablemente los efectos causados por esta radical mutación económica: las repercusiones experimentadas por una sociedad rural anclada en el sector primario y abruptamente abocada a un proceso de terciarización. El fomento del sector de la construcción ante la fiebre edificadora atrajo a una importante masa de mano de obra emigrante.
Calp pasa de contar una población de 2.177 habitantes en 1960, a 6.949 en 1977: un incremento del 219,2%. Estas cifras deberían de ponderarse al alza, habida cuenta de que proceden del padrón municipal, en el que no quedaban inscritos todos los nuevos residentes.
En el año 1970, el número de inmigrantes españoles en nuestra villa ascendía a 1.091, un 32% de la población total. De estos nuevos inmigrantes de 1970, un 39,6% procedía de la provincia de Alicante; 21,1% de Jaén; 7,6% de Valencia; 7,3% de Ciudad Real y Cádiz respectivamente; 5% de Sevilla, y un 4,6% de Málaga.
Mientras que en 1960 el poblamiento diseminado era del 23,1% del total, en 1970 desciende al 5,6%.
El CAMPESINO, LA TIERRA Y EL DINERO
“[…] En la concepción del mundo económico del campesino, el valor de la tierra estaba en función de su producción agraria; si era de secano o de regadío. Añádase a esto su noción del valor del dinero: el campesino de esta comunidad estaba inmerso en una economía casi de trueque, tercermundista, en la que el dinero apenas circulaba. Para el campesino, poco habituado a manejar cantidades importantes de dinero, un millón de pesetas de los años sesenta le parecía una suma enorme: la solución de su vida. El dinero era algo para él que, a partir de una determinada cantidad, se sentía incapaz de valorar…
[…] El beneficio capitalista es un beneficio neto calculado sustrayendo todos los gastos de producción del resultado total. El cálculo del beneficio en este sistema es inaplicable a la economía del campesino, a causa de que, en esta última, los elementos que entran en los gastos de producción están expresados en unidades que no tienen correlación con los de la economía capitalista. De ahí que ha sido precisamente el salario ganado por el hijo de campesino en la construcción u hostelería el que ha desintegrado la unidad económica de la familia campesina. Mediante la división del trabajo, que ha introducido en la zona en pocos años el turismo, se ha roto la familia campesina. Los hijos han obtenido salarios independientes y el orden jerárquico del padre en la familia ha desaparecido.
El campesino pequeño o mediano ha quedado solo ante la tierra. Sin continuidad. Sin futuro. Su estructura económica ha quedado rota. Y ya no es posible el trabajo «no rentable». El solo, con su esposa e hijos pequeños, no puede realizar la labor. Se siente cercado y abandonado en su soledad, ante un nuevo mundo, que se planea desde fuera. El campesino se hubiese ido ante la situación de soledad y rotura de su unidad familiar y económica, pero se hubiese ido más tarde, más lentamente, hubiese resistido unos años más y muchos de ellos no hubieran perdido su independencia.
El abandono de la actividad agrícola del término municipal no hubiese sido tan veloz (sorprendentemente rápido) a no ser por la actividad especuladora que ha caído en muy pocos años sobre la zona. Una economía capitalista desarrollada ha convivido con una economía precapitalista. Una actividad especuladora de sujetos avezados en las transacciones de suelo urbano conocedores del negocio especulativo. Sujetos de cultura urbana, complejos, que contrastaban con el hombre de campo, que aparece como plantado en el suelo, que vive en un entorno limitado, que conoce palmo a palmo, pero que carece del conocimiento del conjunto de la zona. Ahí radica su estabilidad. Tiene conciencia del espacio limitado en que vive. Esto le da seguridad, en contraposición la cultura urbana le produce desasosiego. El medio rural es homogéneo y el urbano complejo.
La cultura urbana se caracteriza por la división del trabajo, la economía monetaria, la racionalidad de los actos; la rural, carece de división del trabajo, apenas circula la moneda y los actos no son calculados. Una finca es una unidad de producción pero también es un símbolo, tiene un aspecto afectivo. Supone la autonomía del campesino en los momentos de crisis. Estas dos culturas se presentaron en un momento sobre un mismo espacio. Y la de más recursos, la capitalista, que a nivel universal ha relegado a segundo término a la rural, arrinconó a los miembros de la cultura colonizada, unas veces mediante la acción directa y otras con el engaño. Los campesinos, aparceros y arrendatarios en mayoría fueron expoliados, despojados de su tierra, antes de que la soledad les obligase a abandonar la tierra. Abandono que, en el caso del propietario, siempre hubiese supuesto “conservar la tierra”.
JURDAO ARRONES, Francisco.
Los Mitos del Turismo. Endymión.1992. Pág 22