Teníamos asumido que el desembarco en la edad de jubilación del contribuyente español medio venía garantizado por el trinomio rentista (3): piso, paga y cartilla, frutos materiales de años de trabajo y de supuesta contribución a la caja común[1]. El piso, conservado para dejar a los hijos en herencia; la paga, para vivir al día, y la cartilla, destinada al imprevisto y la asistencia familiar. Con la garantía de unos servicios públicos, sociales y sanitarios satisfactorios, los pensionistas de mediados del siglo XXI aspirarían a convertirse en ancianos centenarios, rodeados por las atenciones médicas y los miramientos de ocio que proveyeran los progresos asistenciales de nuestra sociedad. ¿Quién garantizaría esta existencia feliz de décadas de salud y entretenimiento a las clases pasivas patrias? Los que vinieran detrás: los jóvenes trabajadores y prósperos contribuyentes conducidos en el vagón de la solidaridad.
Habrá quien piense que este esquema es perdurable y que la actual crisis sistémica presenta características cíclicas coyunturales −como si de un fenómeno meteorológico se tratara: “ya escampará”−; o bien que el trance podrá ser superado a través de “políticas previsibles y eficaces”, de esas que “siempre funcionaron” y generaron fama a gobiernos puntuales. Sirva como botón de muestra de esta distorsión de la realidad los modestos aumentos de empleo observados en los últimos años[2], empleos de pésima calidad y mínima cotización, que han sido obtenidos a costa de un incremento dramático de la deuda pública[3].
Esta huída hacia adelante se estrella de bruces con los compromisos económicos españoles contraídos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria (déficit cero y deuda pública al 60% del PIB en 2020)[4] que proyectan años por venir de gran incertidumbre y sacrificio. “Se terminó la fiesta”, dijo Europa: hay que comenzar a contar la calderilla puesto que, para amortizar deuda, deberemos generar un superávit presupuestario anual. Por ello, se nos urge a formar gobierno en este verano del 2016 y acometer reformas.
1.- Al PISO del jubilado, elemento histórico patrimonial, le ha correspondido el shock del hundimiento del mercado inmobiliario, que no es otro fenómeno que el de su ajuste a valores reales, agravada esta corrección por el gran stock de activos adjudicados a la banca y su distorsión de balances consolidados por la sobrevaloración inmobiliaria y sus provisiones. Tras el batacazo, el inmueble-ahorro ya no presenta –ni presentará– el atractivo de su revalorización en el tiempo, y pasará a convertirse en un patrimonio gravoso de conservar por sus costes de mantenimiento y restitución, fiscalidad y eventual financiación. Muchos de estos inmuebles, constituidos en aval de préstamos hipotecarios de los hijos y adquiridos por los padres en los tiempos de Maricastaña de los 60-80 del pasado siglo, se hallan en situación de “no mercado”, esto es: una sustancial bajada de sus precios en oferta no estimularía reacción alguna en la demanda, y acaso podrían verse enajenados por su escaso valor correspondiente a solar.
2.- A la PAGA del pensionista, elemento renta, le ha correspondido la amenaza del recorte general exigido abiertamente por la Comisión Europea[5]. En muchos casos, esta retribución se halla cumpliendo la función de fondo de rescate para miembros del núcleo familiar en situación de desempleo o endeudamiento financiero. Más allá de cualquier criterio de austeridad impuesto por Bruselas, parece poco discutible la necesidad de que el actual sistema de pensiones, basado en la solidaridad entre generaciones, deba ser refundado en un nuevo esquema sostenible. Mientras las cotizaciones se encuentran en mínimos y la devaluación salarial se traduce en una menor recaudación, las pensiones se incrementan año tras año.
La situación de déficit público podría agravarse dejando la “hucha” de las pensiones sin fondos, obligando así a la decisión política de recortar de forma considerable la cuantía de las prestaciones o reducir el gasto público para compensar el coste. De hecho, la revalorización de 2016 sitúa la pensión máxima un 42% por encima del sueldo medio en una proporción de ingresos a todas luces insoportable[6].
3.- A la CARTILLA del ahorrador jubilado le correspondió el asalto voraz de la Banca descapitalizada a través del fraude de las preferentes o subordinadas, estafa generalizada que apenas ha acuñado consecuencias jurídicas ni culpables, y sí ha generado dramáticos episodios humanos[7]. El enigmático juego de la manipulación de intereses –ahora negativos– de la banca europea convierte los conservadores depósitos remunerados de antaño en alternativas de riesgo para el ahorrador: opciones financieras de nula retribución sujetas al albur del batiburrillo bancario. La gestión de los ahorros familiares, de existir éstos, se convierte en un difícil ejercicio, huérfano de los criterios clásicos de rentabilidad, seguridad y liquidez.
Ante este panorama, que plantea un reto entre generaciones, parece fundamental la aplicación de cirugía política hasta la raíz más profunda de nuestras bases como sociedad presuntamente democrática[8]. De poco puede servir la simple cosmética entre procesos electorales para recrear ficciones, confundir al ciudadano y promover el voto de la masa acrítica. Nuestros políticos, desgraciadamente, no parecen estar a la altura de las circunstancias presentes y se mueven bajo la influencia del cálculo propagandístico y la fidelización de su clientela. La salida del atolladero no puede pasar por soluciones que afecten coyunturalmente a los grandes números de la macroeconomía, sino a decisiones de fondo que cambien la vida de las personas. La economía es ante todo una ciencia de postulación política que debe dar respuesta a circunstancias concretas con soluciones complejas; no atiende, como señalábamos antes, a fatales fenómenos de la meteorología ni se dedica al análisis de las plagas bíblicas.
Habrá ante todo que crear las condiciones necesarias para poner a los más jóvenes a trabajar, generando para ellos oportunidades y expectativas que les proporcionen confianza en un plan de vida y de futuro. Con ello, además, va el porvenir merecido de los más mayores. Se hace necesario revisar a fondo el papel de la Banca y el dinero instrumental en nuestra sociedad. Los bancos son entidades privadas que cumplen una importantísima función pública, vital para el desarrollo económico general. Por ello, estas instituciones no pueden estar conducidas por decisiones ineficaces o sencillamente delictivas, dirigidas a extraer de las personas un lucro sectorial, asocial e ilegítimo[9]. Las deudas pública y privada (empresas y familias) son injustas e impagables y de esta forma se hace imprescindible una actualización de activos con quitas importantes que doten de recursos y energías de prosperidad a los distintos actores sociales.
Debemos higienizar, desparasitar y redimensionar nuestro sector público –instituciones y empresas públicas– preñadas de legiones de sujetos dispensables, e introducir las reformas precisas que eviten duplicidades y fomenten la eficiencia de sus servicios a un coste razonable.
Nuestro potencial climático es sobresaliente. La estratégica posición de España permitiría que nos constituyéramos en una destacada potencia en la transición hacia energías renovables como la solar, la eólica o la hidráulica. La amarga realidad contradice lo expuesto. El polémico “impuesto al sol” penaliza el autoabastecimiento y así las antiguas estructuras oligárquicas obligan a que nuestro país soporte una de las facturas eléctricas más caras del continente. Eso se debe, entre otros factores, a que el 25% de ese pago corresponde a impuestos y que el recibo consagra varias compensaciones a empresas contaminantes.
Necesitamos un NEW DEAL 10], un nuevo contrato social como el que ideó Roosevelt para Occidente tras los años de la Gran Depresión. Un nuevo modelo para España, dentro del contexto económico y político de una Unión Europea a revisar, que permita y garantice una recuperación real y homogénea que no deje fuera de su ámbito a ciudadano alguno. En ello reside el futuro de las nuevas generaciones, la pervivencia de las clases medias y, sin lugar a dudas, el día a día de quienes se apresten a vivir en retiro los últimos años de su existencia.
[1] Las familias pudientes aportan sus bienes a sociedades mercantiles, no necesariamente de carácter patrimonial, para desgravar sus gastos; he aquí una forma de rentismo sofisticado y de nulo valor productivo para la colectividad. A partir de ciertos volúmenes de ahorro, aparecen instrumentos financieros que ofrecen grandes beneficios fiscales (SICAV y otras sociedades instrumentales).
[2] “Rajoy acaba la legislatura con menos empleo que cuando llegó”. EL DIARIO.ES. 2/12/2015.
[3] “La deuda pública subió un 47% con Rajoy, tres puntos más que con Zapatero”. EL MUNDO. 18/5/2016.
[4] “Funcas considera “imposible” reducir la deuda al 60% en 2020”. EUROPAPRESS.ES. 8/8/2016.
[5] “Bruselas pone el foco de los nuevos recortes en el sector público y las pensiones”– EL CONFIDENCIAL.ES. 7/7/2016.
[6] “La revalorización de 2016 situará la pensión máxima un 42% por encima del sueldo medio”. EL ECONOMISTA.ES 30/12/2015.
[7] “Denuncian el primer suicidio de un titular de preferentes que no pudo rescatar su dinero”. MUNDO DIARIO.COM. 23/13/2013
[8] Reforma de la Constitución, reforma electoral, representatividad política, reforma de la Administración en sus tres niveles, separación efectiva de poderes del Estado, etc.…
[9] La Banca española deberá responder de prácticas como la manipulación de índices IRPH, Euríbor, cesiones de créditos, titulizaciones, tras haber sucumbido ante la Justicia europea por cláusulas abusivas y otros desmanes. La movilización popular es silenciosa pero creciente.
[10] New Deal, en wikipedia.